Arrogantes y soberbios los gobiernos ante la reforma, dice abogado de Tlachinollan

Chilpancingo, Gro; 28 de abril del 2013 (IRZA).- Vidulfo Rosales Sierra, coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, consideró que es “arrogancia y prepotencia”, lo que asumen los gobiernos federal y estatal, porque no pueden concebir una propuesta ciudadana, tras no aceptar la propuesta del Movimiento popular Guerrerense (MPG) para modificar la Ley Estatal de Educación (LEE) y que eso hubiese frenado el conflicto.

Aseguró que, “ha sido lamentable el rumbo que el gobierno de Guerrero le ha dado como solución a este conflicto. El movimiento hizo una propuesta muy clara, una ley que valga en el estado, una ley que se pudo haber aprobado y se pudo terminar un conflicto, ya si después se hubiese impugnado, sería después; sin embargo, el movimiento se hubiese resuelto con eso”.

Dijo que tal vez porque no hay ningún antecedente, ninguna propuesta ciudadana de un poder social, es porque desecharon la propuesta, “es a lo que a ellos no le apuestan. Hay elementos jurídicos, que avalan la propuesta del magisterio, pero no pasó, porque hay una arrogancia por parte del presidente de la República y el gobernador que giró instrucciones para que no se aprobara la ley”.

Dijo que la negación política de todos los actores orilló al magisterio a un callejón sin salida y en respuesta del Estado, la cual consideró errónea, está la aplicación del estado a la ley, pero está aplicación es facciosa. Si se aplica la ley a las organizaciones sociales, a quienes tienen una inconformidad y toman vías de comunicación, pero no se hace para narcotraficantes ni delincuentes amigos de los gobernantes, dijo.

Vidulfo lamentó la situación que atraviesa Guerrero, que es una historia que ha enfrentado siempre, pero ahora, sin revictimizar a nadie, opinó que el gobierno crea una gran injusticia y justifica que las acciones radicales como los destrozos que hubo en los partidos políticos, se dupliquen.

“Le ley si se aplica a aquella gente que se organiza, pero no a quienes violan los derechos humanos, creo que ése no es estado de derecho”, precisó.

>Finalmente, ratificó su solidaridad con el movimiento que lucha por garantizar la gratuidad de la educación amenazada por la llamada autonomía de gestión que descarga en padres de familia y directores la obligación que corresponde al estado de dar mantenimiento a las escuelas, por su estabilidad laboral en peligro con la evaluación centralizada que no toma en cuenta las diferencias regionales que hacen diferentes a los estados de la república y  especialmente a Guerrero y por que el Estado cumpla su obligación de otorgar plazas a los egresados de su propio sistema  de normales públicas.