Pide Alberto López Rosas Juicio Político contra presidente de la CNDH

Chilpancingo, Gro., diciembre 04 de 2012 (IRZA).- El ex procurador de Justicia del Estado de Guerrero, Alberto López Rosas, exigió la reposición de la investigación del caso Ayotzinapa y afirmó que el presidente de la Comisión Nacional por los Derechos Humanos, Raúl Plascencia debe ser sometido a juicio político porque su trabajo en relación con los hechos del 12 de diciembre del año pasado, cuando en esta ciudad fueron asesinados dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, fue una investigación sesgada.

Congreso da entrada a juicio politico contra López Rosas y Almonte Borja

Acapulco, Gro., 5 de noviembre del 2012 (Laura Sánchez Granados).- Acordaron diputados locales de Guerrero dar entrada a juicio político contra el ex procurador del Estado Alberto López Rosas y del ex Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil Ramón Almonte Borja.

Rechaza SEG recomendación de la CNDH

Chilpancingo, Gro., marzo 28 del 2012.- (IRZA).- La secretaria de Educación en Guerrero (Seg), Silvia Romero Suárez, demeritó la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que la acusa de ser “negligente y omisa” en el manejo de las demandas de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, que derivó en el asesinato de dos estudiantes de esa escuela y un trabajador de una estación de combustible en esta capital.

La funcionaria, emitió esta opinión un día después de que la CNDH emitió una recomendación por los hechos acontecidos el 12 de diciembre pasado en esta capital; lo hizo entrevistada al asistir a la inauguración de la Primera semana de la Transparencia que realizó la Contraloría General del Estado, este miércoles en la plaza cívica “Primer Congreso de Anáhuac”, de esta capital, sostuvo que “me siento tranquila porque nunca he hecho un trabajo que me cuestionen como irresponsable”.

Incluso dijo que antes del acontecimiento de los estudiantes de Ayotzinapa, el 12 de diciembre pasado, con anticipación se les atedió en varias ocasiones, y agregó que sólo es un enfoque de personas que no viven en Chilpancingo, en Guerrero y que sólo quedan en testimonios de fotografías.

Precisó que ella, ha puesto el mejor de los esfuerzo en el trabajo que se le ha encomendado al frente de la Seg, sobre todo transparente,  porque ha atendido problemas inéditos en materia educativa, como fue el asunto de inseguridad en Acapulco, y el mismo de las normalistas.

Reiteró que se siente tranquila porque nunca ha hecho un trabajo que la  cuestionen como irresponsable, a excepción de lo que ha  argumenta a través de su informe la CNDH, pero  reiteró que está en la mejor disposición de acatar esa recomendación si así lo dispone el Aguirre Rivero.

Confirmó que ellos han cumplido en tiempo y forma entregando los presupuestos que tienen que ver con la alimentación, entrega de algunos implementos, y el gobernador Aguirre Rivero, hizo entrega de otros.

Cuestionó que el problema central de los estudiantes normalistas  es la exigencia de entrega de plazas en un 100 por ciento, pero aclaró que no existe un techo presupuestal para ello, sin embargo dijo que en dos ocasiones se les han entregado 101 plazas adicionales, porque primero se les entregó 51 y posteriormente otras 49.

Refirió que de los 140 jóvenes que egresaron el periodo pasado de la normal de Ayotzinapa, sólo 31 hacen falta de plaza, y que se está viendo la posibilidad de entregarles a través de interinatos, pero dijo que nunca han cerrado el dialogo y atención a los  jóvenes normalistas, e excepción de lo que cuestiona la CNDH en su informe, dijo.

Gira recomendación la CNDH al gobierno de Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa

Chilpancingo, Gro., marzo 27 de 2012 (IRZA).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió este martes una recomendación al gobierno de Ángel Aguirre Rivero por los hechos del 12 de diciembre del año pasado en la autopista del Sol al sur de esta capital.

Del análisis lógico-jurídico el organismo nacional de derechos humanos evidenció “violaciones graves a la libertad de reunión y, como consecuencia de ello, a los derechos a la vida; seguridad e integridad personal; legalidad; seguridad jurídica; libertad personal, y trato digno”.

También “transgresiones a los derechos a la verdad y a la información, y a todos aquellos derechos que el orden jurídico mexicano reconoce a las personas en su calidad de víctimas del delito y del abuso de poder” atribuidas a los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y del gobierno de Guerrero “en agravio de 52 víctimas, así como de un número indeterminado de personas que se manifestaron y otras más que por encontrarse en el lugar estuvieron en riesgo ante los actos de violencia”.

La recomendación número 1 VG/2012 está dirigida al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Efraín Ramos Ramírez.

El expediente está integrado por 15 mil 590 fojas distribuidas en 21 tomos que contienen las investigaciones realizadas por la CNDH sobre los hechos del 12 de diciembre donde fueron asesinados dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y a la postre la muerte de un trabajador de una gasolinera por quemaduras en todo el cuerpo.

La CNDH recomendó al secretario de Seguridad Pública Federal, Genero García Luna y al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, “indemnizar a las víctimas y a sus familiares por los daños causados”, acto que ya ordenó el mandatario estatal desde hace dos semanas.

Se les pide que en un “acto público en el estado de Guerrero, ante la presencia de las víctimas y sus familiares, se les ofrezca una disculpa institucional, lo cual implique el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos en que incurrieron los servidores públicos de las dependencia a su cargo, dando a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta investigación, informando a esta Comisión Nacional, sobre las acciones que se lleven a cabo para tal efecto”.

También tomar las medidas pertinentes para que las víctimas y sus familiares “se les reconozca el derecho a intervenir y conocer el trámite de las investigaciones, así como aportar los elementos que estimen convenientes para el esclarecimiento de los hechos, garantizando la protección y salvaguarda de sus derechos, enviando a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”.

Además de que implementen un programa integral de capacitación y formación en materia de Derechos Humanos, dirigido a los servidores públicos de sus instituciones encargados de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, “poniendo especial énfasis en el uso de la fuerza utilizada en manifestaciones públicas, y sobre todo que en el seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública se promueva una ley general sobre el uso de la fuerza y tácticas policiales”.

Al gobierno del estado se le recomendó proteger en todo momento el escenario del crimen y el material sensible significativo que se genere en intervenciones policiales, con el propósito de garantizar a la institución del Ministerio Público una eficaz investigación de los acontecimientos.

Pero además de que el desarrollo profesional de las corporaciones policiales se base en técnicas modernas y en la formación de valores cívicos, el conocimiento de los ordenamientos jurídicos inherentes a su función, la vocación de servicio y de comportamiento ético, con la finalidad de que se transformen cualitativa y cuantitativamente los sistemas operativos, el marco jurídico, la capacitación y la profesionalización policial.

De igual forma la CNDH solicitó que a todos los familiares de las víctimas se les brinde, como medida de rehabilitación, la atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones estatales de salud especializadas.

Al gobernador Ángel Aguirre Rivero le solicitó revisar las políticas públicas que en materia educativa “con el objetivo de que los alcances de éstas beneficien a todos los habitantes del estado de Guerrero, y se instrumente un programa emergente que atienda las necesidades de las escuelas normales rurales en el estado de Guerrero, especialmente, la “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa”.

Además de que en coordinación con los estudiantes de Ayotzinapa implemente un programa que “garantice la seguridad de esa institución educativa y salvaguarde la integridad de su personal”.

También que su gobierno colabore con el organismo nacional de derechos humanos “en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la Procuraduría General de la República, en contra de los servidores públicos involucrados”.

Al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Efraín Ramos Ramírez, le solicitaron tomar las medidas adecuadas para garantizar que se atiendan de manera oportuna las necesidades de las escuelas normales rurales en el estado de Guerrero, especialmente, la “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Que “colabore en el trámite de la denuncia de juicio político que se inicie, en su caso, en contra del ex procurador general de Justicia y del ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ambos del estado de Guerrero, con motivo de los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero”.