Chilpancingo, Gro., marzo 05 de 2012
(IRZA).- El ex
procurador de Justicia, Alberto López Rosas, sería inhabilitado para ejercer
cargos públicos si lo declaran culpable de los delitos que le imputa la
Procuraduría General de la República (PGR) por el caso Ayotzinapa.
Además,
perdería sus derechos profesionales para ejercer como abogado litigante durante
el tiempo que se establezca en la sentencia que emita el juez federal del ramo
penal al que le fue consignada la averiguación previa por parte de la PGR.
En entrevista
para este despacho informativo, el abogado de esta capital, José Balbuena
Herrera, que en caso de ser declarado inocente, tampoco podrá ejercer su
profesión porque deberá esperar a que el proceso culmine y eso le llevará
cuando menos de tres a cuatro años.
Añadió que si
la PGR no acredita los delitos de “omisión” y “alteración de la escena del
crimen” donde murieron los normalistas, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel
Echeverría de Jesús el 12 de diciembre del año pasado, López Rosas, podrá
demandar a la instancia federal por daño moral.
“El señor
tiene a salvo sus derechos porque está siendo acusado y sentenciado
públicamente. En caso de que no sea culpable ya está siendo señalado por la
sociedad”, comentó.
Además que
los señalamientos de la PGR, le están causando perjuicios a su trayectoria
política y social porque la ciudadanía lo considera como responsable del
desalojo violento de los normalistas.
Willy Reyes también podría demandar
por daño moral
Paradójicamente,
el alcalde priista de Tlapa, Willy Reyes Ramos, podría también demandar a la
PGJE por daño moral debido a los señalamientos en su contra como probable
responsable del asesinato del diputado federal, Moisés Villanueva de la Luz y
de su chofer, Érick Estrada Vázquez.
“En este caso,
el presidente municipal tiene a salvo sus derechos para hacer la denuncia
correspondiente por la vía civil por daño moral, reparación del daño y una
disculpa publica ante los medios de comunicación”, dijo.
Dijo que la
retribución económica que podría alcanzar Reyes Ramos por el juicio de daño
moral le corresponde al juez determinarlo de acuerdo con los agravios que se
hayan cometido en su contra.
Aclaró que la
demanda por daño moral se tiene que presentar al gobierno del estado como poder
Ejecutivo, a su vez contra la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) como organismo de procuración de justicia y finalmente contra el ex
titular, Alberto López Rosas, como su representante legal.
Balbuena
Herrera, opinó que derivado de los señalamientos de la PGJE, Reyes Ramos,
perdió sus derechos político-electorales al no ser incluido como candidato de
su partido, el PRI, a diputado federal por el distrito cinco de Tlapa como lo
había anunciado.
Además de los
señalamientos de la sociedad como responsable del asesinato del extinto
legislador federal priista, “en otro sentido, en los medios de comunicación ha
manifestado que a consecuencia de esa acusación ha perjudicado su salud y allí
hay otra agravante”.
Comentó que
una vez que el primer edil priista de Tlapa concluya su mandato “no podrá
desempeñar otra función de acuerdo con sus posibilidades de profesión y de
trayectoria política”, lo que afectaría también sus ingresos.
Dijo que la
demanda por daño moral la puede presentar en cualquier momento pero consideró
que lo preferente es que lo haga después de que la Comisión Instructora del
Congreso local emita el dictamen sobre el juicio de desafuero que permanece en
análisis y sobre todo si resulta improcedente.
“Lo
preferente es que sea cuando el Congreso emita el dictamen para que tenga un
sustento jurídico y para que pueda acreditar su inocencia”, pues añadió que
hasta el momento “se han acreditado las pruebas que ofreció la PGJE y que haya
resultado procedente el juicio que se está llevando en el Congreso”.
Dijo que si
el dictamen del poder Legislativo favorece al alcalde de Tlapa, podría
demostrar que “el ex procurador general de Justicia, Alberto López Rosas le
fabricó pruebas para perjudicarlo con respecto a la postulación que estaba
haciendo en el distrito quinto de la Montaña a diputado federal”.
El abogado
añadió al final de la entrevista, “le tocó pagar a López Rosas lo que pudo
haber hecho con Willy Reyes. La fabricación de pruebas o de querer imputar a
alguien para eliminarlo políticamente trae consecuencia, y en este caso ambos
pueden solicitar la reparación del daño moral”.
