Chilpancingo, Gro; 16 de mayo del 2013
(IRZA).- El
gobernador Ángel Aguirre retomó su relación cordial con la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a quien les cumplió lo acordado en
los diálogos que habían tenido este año: La colocación de la primera piedra de
lo que serán las cuatro casas de Justicia de ese sistema que opera en el estado
desde hace casi 18 años y la entrega de otros apoyos.
Aguirre llegó tarde a la cita que
tenía con habitantes de San Luis Acatlán, municipio de la Costa Chica, donde
está la casa de justicia más importante de la CRAC. Realizó cuatro actos. En
todos entregó cientos de despensas, apoyos económicos a cafetaleros, inició la
primera etapa de una unidad deportiva y ofreció apoyos en productos productivos
hacia tejedores de sombreros.
El mandatario dio inicio, allí, a la
construcción de las otras tres en Espino Blanco, municipio de Malinaltepec;
Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; y la de El Paraíso, en Ayutla de los
Libres, que tendrá un costo cada una de 5.7 millones de pesos; además les
entregó tres ambulancias y les advirtió: “quiero que las utilicen para el
traslado de sus enfermos, no como patrullas”.
En el lugar aunque no hubo protestas
para el mandatario, tampoco muchas manifestaciones de cariño. Los cerca de 400
policías comunitarios, coordinadores, y comandantes, presentes en el acto,
escucharon el regaño que Aguirre le hizo a la CRAC. Les repitió que nació para
defender a sus familias, no para participar en actos políticos, porque para eso
están los partidos políticos, quizás refiriéndose al apoyo que le brindaron al
Movimiento Popular Guerrerense (MPG).
“El propósito por el que nació la
CRAC”, recalcó, fue para darle seguridad a su pueblo, ¿no es cierto?”, les
preguntó. La CRAC ¿nació como un partido político?, y los presentes le
respondían al mismo tiempo. Nooooo, continuó Aguirre, “¿La CRAC debe
involucrarse en tareas políticas?, no verdad-se respondió-, y los presentes continuaron
negando.
Sin embargo, uno de los coordinadores
de la CRAC, Raúl Cabrera, pasó al micrófono en el acto que más duró, y fue
donde colocó la primera piedra de las casas de justicia. Reiteró: “le hacemos
de su conocimiento, que nuestro actuar como institución social, en todo momento
lo hacemos bajo los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad y
nos amparamos como pueblos originarios, en los fundamentos jurídicos plasmados
en las leyes, convenios y declaraciones nacionales e internacionales”.
Continuó: “En el convenio 169 de la
organización internacional del trabajo, así como en los artículos 2 y 39 de la
constitución política de los estados unidos mexicanos y en la ley 701 de
reconocimiento de los derecho y cultura de los pueblos originarios del estado,
que son instrumentos legales que sustentan jurídicamente nuestro trabajo, y en
ninguna de sus partes establecen la disposición de limitar nuestro derecho al
libre tránsito por el territorio estatal y nacional”.
Al acto estuvieron varios funcionarios
de su administración, como el secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso; la
secretaria de Desarrollo social, Beatriz Mojica Morga; el secretario de
Desarrollo Económico, Enrique Castro Soto, entre otros, así como la directora
de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga. El gobernador
anunció que aumentará a 1 millón de pesos el apoyo mensual que da a la CRAC,
que es de 500 mil pesos.
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