Mediante un punto de acuerdo que presentarán la próxima semana, los legisladores también solicitaron a los titulares de la Procuraduría General de la República, y de las secretarías de Seguridad Pública, de Trabajo y Previsión Social, así como al comisionado del Instituto Nacional de Migración y a la directora del Sistema Nacional para Desarrollo Integran de la Familia (DIF), para que realicen acciones coordinadas para evitar y, en su caso, sancionar la trata de infantes centroamericanos en la frontera sur de México.
El integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, José Luis García Zalvidea, comentó que esta propuesta es con el objetivo de erradicar la explotación sexual y laboral, resolver la situación migratoria de los menores, proteger a las víctimas, garantizar el respeto a sus derechos humanos, y el acceso a los servicios de salud, educación y alimentación.
Señaló que en su propuesta también se solicita que la Cámara de Senadores solicite al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que de conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales presente un informe relacionado con la trata de niñas y niños centroamericanos en la frontera sur.
Comentó que de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la trata de personas es utilizar, en provecho propio y de un modo abusivo, las cualidades de una persona y para que la explotación se haga efectiva los tratantes deben recurrir a la captación, transporte, traslado y recepción de personas.
Según datos de Naciones Unidas el crimen organizado obtiene alrededor de 30 mil millones de dólares de ganancias por la trata de personas, sólo superadas por las que arrojan el tráfico de armas y de narcóticos, precisó.
Por otra parte, según la Organización de Estados Americanos (OEA), en Latinoamérica las víctimas de trata de personas son tradicionalmente de países como Brasil, Colombia, República Dominicana y las Antillas; a los que se han sumado más recientemente México, Argentina, Ecuador y Perú.
"Cabe señalar que anualmente, cerca de 100 mil mujeres y adolescentes provenientes de estos países son conducidas con engaños y falsas promesas de empleo a Estados Unidos, España, Holanda, Alemania, Bélgica, Israel, Japón y otros países asiáticos, indicó.
En el punto de acuerdo que también es suscrito por los senadores Julio César Aguirre Méndez, Rosalinda López Hernández, Arturo Herviz Reyes y Jesús Garibay García se señala que las regiones de América Central y el Caribe "experimentan un creciente tráfico y trata de mujeres, niñas y niños para explotación sexual, con características y retos diferentes que deben considerarse al diseñar estrategias públicas".
Sin embargo, ante este fenómeno hay pocas cifras oficiales y no son notables los esfuerzos gubernamentales en la materia, particularmente para proteger a las niñas y niños centroamericanos que radican en los estados del sur de México.
Por todo lo anterior, los senadores del PRD resaltaron la necesidad de que este tema sea una de las prioridades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México. (Guerrero en Linea)
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