Chilpancingo, Gro., marzo 04 de 2012 (NOTYMAS). En aras del combate
a la delincuencia organizada, militares y elementos de seguridad pública,
habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39
"desapariciones" y 24 ejecuciones extrajudiciales, y prácticamente
ningún caso está siendo investigado adecuadamente.
La organización
internacional de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), en
su informe "Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y
tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México", dio a conocer
que en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en nuestro país militares
y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas, de las
cuales, prácticamente ningún caso está siendo investigado adecuadamente.
En dicho reporte
conformado por 229 páginas, resultado de investigaciones exhaustivas efectuadas
en cinco de los estados más violentos del país, que según HRW son: Baja
California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, señala que encontró
evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad
habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39
"desapariciones" y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Felipe
Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006.
Confirma que comprobó
que las fuerzas de seguridad utilizan la tortura como método para conseguir que
los detenidos confiesen o proporcionen información sobre los cárteles. El
informe muestra evidencias que sugieren que soldados y policías han perpetrado
"desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales, mismas que han
ocultado utilizando distintos mecanismos.
Además de comprobar
que un amplio espectro de funcionarios judiciales participaron en las
violaciones de derechos humanos. Entre ellos se incluyen jueces, agentes del
Ministerio Público, y peritos médicos que omiten o minimizan lesiones cuando
examinan a los detenidos.
Se señala que dichas
aseveraciones, son resultado de los datos recabados a través de más de 200
entrevistas efectuadas a víctimas y autoridades, 60 pedidos de información
pública y del examen de un amplio espectro de estadísticas oficiales.
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