Normalistas de Ayotzinapa acusan a la PFP de abusos ante la CNDH

Chilpancingo, Gro; 11 de noviembre (IRZA).- La dirigencia del Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, dieron a conocer que interpusieron una denuncia contra agentes de la Policía Federal que este sábado detuvieron y torturaron a cinco normalistas que participaban en un boteo para pedir cooperación a los automovilistas en la carretera federal Chilpancingo-Iguala a la altura del crucero hacia la comunidad de Xochipala.

Denuncian que PGR tiene órdenes de aprehensión en contra de egresados normalistas

Chilpancingo, Gro., febrero 27 de 2012 (NOTYMAS). Egresados de las nueve normales públicas del estado, denunciaron que la Procuraduría General de la República (PGR) tienen cinco órdenes de aprehensión en contra de los líderes de su movimiento en demanda de plazas magisteriales.

Señalaron que estas órdenes de aprehensión fueron liberadas por un juez del orden federal por el delito de bloqueos a las vías federales de comunicación, por lo que temen que en cualquier momentos sus compañeros egresados de las diversas normales del estado sean detenidos por elementos policíacos de la PGR.

Alrededor de un centenar de egresados normalistas del estado, desde meses atrás han iniciado una serie de acciones de protesta en esta capital, para demandar al gobierno del estado la entrega de por lo menos cien plazas magisteriales, para lo cual se han visto obligados a bloquear vías de comunicación federal, calles y avenidas de esta capital.

Este lunes, realizaron una movilización por varias avenidas de la ciudad, para exigir una audiencia con el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, a quien le plantearán sus demandas de plazas y solicitar su intervención para terminar con el hostigamiento del que han sido objeto de parte de las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno.

Según informaron los egresados, las cinco órdenes de aprehensión se originaron en contra de sus líderes Reynaldo Salas Peralta, Gabriel Diego Sotelo, Nancy Bello Maciel, Sonia Sandoval Fernández y Uriel Villa Juárez, por alteración del orden público y toma de vías de comunicación federal.

Por lo anterior, solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM), para que a través de la intervención de este órgano la PGR se desista de estas órdenes de aprehensión en contra de su movimiento.

Los inconformes afirmaron que en su totalidad aprobaron el examen de oposición para la solicitud de una plaza magisterial, sin embargo aseguraron desconocer por qué no se vieron beneficiados con un espacio en la nómina magisterial y no descartaron la posibilidad de que los espacios concursados se hayan entregado a recomendados. (NOTYMAS)

Integran averiguaciones previas contra egresados normalistas

Chilpancingo, Gro., febrero 22 del 2012 (IRZA).- Egresados de seis escuelas normales públicas solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), porque la Procuraduría General de Justicia del Estado les integró averiguaciones previas por sus protestas en las calles para exigir plazas de docentes.

 Un grupo de egresados acudió a la sede de la Coddehum para pedir que intervengan a fin de que el gobierno estatal se desista de esta acción penal que es por presuntos ataques a las vías de comunicación.

Reynaldo Salas Peralta, uno de los egresados, señaló que un funcionario de la Secretaría de Educación Guerrero les confirmó que la PGJE les integró las averiguaciones.

Las averiguaciones serían contra cinco egresados dirigentes del movimiento de protesta para exigir plazas magisteriales, y Reynaldo Salas estableció que los bloqueos a las calles los realizan “porque el gobierno de Ángel Aguirre Rivero no nos ha dejado otro camino, ya que a pesar de que aprobamos el examen de oposición no nos dieron plaza, pero sí se las otorgaron a egresados que fueron recomendados del gobierno estatal".

Los egresados piden que les asignen 30 plazas, y advirtieron que si en esta semana no reciben una respuesta van a volver a bloquear las calles de esta capital del estado, porque “lo único que  queremos que nos den trabajo, no estamos pidiendo otra cosa", recalcó.

Destituyeron a siete funcionarios de la PGJE

Chilpancingo, Gro; 15 de febrero (IRZA).- Siete funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fueron destituidos del cargo para ser sujetos a una investigación por el desalojo que perpetraron policías federales y estatales contra los normalistas de Ayotzinapa en la autopista del Sol y que dicho operativo derivó en la muerte de dos estudiantes y el trabajador de una gasolinería.

“Nos corrieron porque la Procuraduría de Justicia está recibiendo presiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y además porque hemos realizado protestas en las calles”, señaló uno de los funcionarios destituidos y que pidió que se omitiera su nombre.

Entre los despedidos están fiscales y coordinadores regionales así como jefes de grupo de la Policía Ministerial del Estado.

El encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia, Juan Manuel Herrera Campos quien confirmó la destitución de los siete funcionarios pero se negó a decir los motivos.
“Solo les puedo decir que estas siete personas fueron separados del cargo, y no puedo decir los motivos porque son cuestiones internas de la Procuraduría”, señaló Herrera Campos quien fue entrevistado durante un acto público que encabezó el gobernador Ángel Aguirre Rivero en la explanada del Palacio de Gobierno.

Reconoció que la Procuraduría inició procesos administrativos contra funcionarios de esa dependencia como consecuencia del desalojo de la autopista y que en su momento se va establecer si tuvieron alguna responsabilidad.

Entre los funcionarios despedidos está Pablo Jasso, fiscal antisecuestros; Esteban Maldonado, fiscal regional; David de Jesús Urquiza Molina, coordinador regional de la zona centro del estado, así como agentes y jefes de grupo de la Policía Ministerial.

Este lunes, agentes del Ministerio Público del Fuero Común, peritos y agentes ministeriales pararon labores y protestaron afuera de la residencia oficial de Casa Guerrero para denunciar que el gobierno del estado no los ha defendido de las acusaciones que les hace la PGR que los trata de vincular con los hechos que ocurrieron en el desalojo contra los normalistas en la autopista del Sol.