La Auditoría General del Estado (AGE) cerrará con un
calendario de entregas que van del 16 al 29 de febrero, la recepción de la
Cuenta Pública anual 2011 y del Tercer Informe Financiero Cuatrimestral del
mismo año, en medio de un ambiente político enrarecido por los diputados
salientes del Congreso local, que recientemente exoneraron sospechosamente a 13
alcaldes que no han cumplido cumplieron con la rendición de cuentas.
La entrega de cuentas públicas es una obligación
ineludible de quienes gobiernan los ayuntamientos, tanto de los alcaldes como
de los síndicos, los tesoreros y los directores de obras públicas, por lo que
todos ellos están sujetos a fiscalización porque manejan recursos públicos
estatales y federales.
En ese marco, el requisito mínimo que deben cumplir todos
ellos es comprobar el buen uso del dinero público, de acuerdo a una metodología
contable que el actual titular de la AGE, Arturo Latabán López ha promovido en
cursos de capacitación. Latabán lleva un año trabajando codo a codo con los
alcaldes y sus funcionarios, por lo que ya nadie puede llamarse a ignorancia en
materia de contabilidad gubernamental.
Y si los 81 presidentes municipales que hay en Guerrero
no se han robado el dinero, son 81 las cuentas públicas que la AGE deberá recibir
a partir de mañana en una calendarización que otorga todas las facilidades a
quienes las presentarán, incluyendo un diagnóstico preliminar que de inicio le
indica a los alcaldes las fallas técnicas que se les encuentre a sus informes,
para que los corrijan antes de su recepción definitiva.
Sin embargo, el optimismo no tiene cabida en la propia
AGE, luego de que apenas la semana pasada Latabán López anunció la suspensión
provisional de los tesoreros y directores de obras de los ayuntamientos de
Acatepec, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte y Copalillo. Incluso los alcaldes
de los primeros tres ayuntamientos mencionados habían sido sujetos de una
acusación formal de la AGE ante el Congreso local, para revocarles el mandato
ante su negativa de entregar cuentas a la máxima autoridad fiscalizadora del
estado.
Pero
Faustino Soto y sus secuaces abrieron negocio…
De hecho, la AGE había solicitado al Congreso la
revocación del mandato como alcaldes de Marino Miranda de Teloloapan, Francisco
Estrada Campos de Cutzamala, de Esteban González de Cochoapa, Roberto Almora de
Alpoyeca, de Leonel Angel Nava de Quechultenango, y de Manuel Cuevas de
Apaxtla.
Ninguno de ellos ha entregado una sola cuenta pública,
pero el Congreso local, a iniciativa del presidente de la Comisión de Gobierno,
Faustino Soto, los exoneró con el argumento de que “no hay pruebas contra
ellos”.
¿No es suficiente prueba la omisión de su obligación
constitucional de rendir cuentas, agravado por el hecho de tratarse de algunos
de los municipios más pobres de Guerrero?
Para colmo, con la misma mañosa argumentación, los
diputados cancelaron el requerimiento de juicio político quela AGE había
presentado en contra de los alcaldes de Malinaltepec, Coyuca de Benítez,
Cuetzala, Ahuacuotzingo, Marquelia, y de nuevo contra los de Acatepec y
Atlamajalcingo del Monte.
Lo curioso de esas exoneraciones estriba en que algunos
de los incumplidos alcaldes del PRD están siendo favorecidos con
precandidaturas a diputaciones federales de ese partido. El caso que más llama
la atención es el de Marino Miranda, edil perredista de Teloloapan, quien
habría “ganado” la encuesta que ese partido aplicó en el Distrito 02 de la zona
Norte, con cabecera en Iguala, y podría ser designad ocandidato del PRD pese a
que adeuda varios millones de pesos de cuyo destino se desconoce el paradero,
aunque hay denuncias en aquel municipio acerca del enriquecimiento acelerado e
inexplicable de Marino Miranda.
En ese marco, desafortunadamente es la legislatura de
mayoría perredista la que está poniendo el mal ejemplo, pues ya se demostró que
todo alcalde que desvíe recursos públicos o incluso se los robe, tendrá
garantizada la impunidad desde el Congreso del Estado.
Ojalá que los esfuerzos de Latabán López por imponer la
cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas no se vean alterados
por la falta de probidad de unos legisladores ávidos de negociaciones secretas
para cobrarse “comisiones” en donde las haya para financiar sus precampañas
electorales.
